5-Clérigos funcionarios: El Estado paga también la nómina y seguros sociales de los
capellanes hospitalarios (más de 500 a tiempo completo y casi 300 a tiempo parcial), de los
penitenciarios (más de 100), más el de los 85 capellanes castrenses que hay en el Ejército y que
dependen del arzobispado castrense, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de
división. Estas nóminas y sus correspondientes cargas sociales superan los 25M€anualmente.
6-Patrimonio en poder de la iglesia: Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia, para
el sostenimiento, reforma y conservación del patrimonio artístico e inmobiliario que figura en su
poder, acumulado en gran medida de forma ilícita e irregular. Entre ellos, 280 museos, 103
catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios, además de terrenos rústicos y
urbanos, viviendas y otros bienes patrimoniales, como el oro, piedras preciosas, joyas, cuadros
artísticos de enorme valor, arte sacro, etc. Estos datos son muy complejos conocerlos en toda su
magnitud, pero desde diversas fuentes deducimos que se puede superar los 700 millones de
euros anuales.
7-Donaciones y subvenciones de carácter local: Cesión de suelo público y donaciones directas
e indirectas, por parte de ayuntamientos a Obispados para lugares de culto o para la denominada
“obra social” o la enseñanza. Pagos diversos de los gastos varios de algunas casas parroquiales e
iglesias. Gastos, de ayuntamientos, en carteles, anuncios en prensa y radio y programas de mano
para eventos religiosos y donaciones a cofradías (semana santa y otros desfiles procesionales,
ofrendas florales, romerías, fiestas religiosas, etc.); costos extras de fuerzas de orden público,
bandas de música y servicios de limpieza para todo tipo de eventos religiosos, etc. En estos
apartados los gastos son incalculables. Hay municipios que, para este tema, se ha
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comprobado que el gasto por habitante y año supera los 2 euros, en otros puede superar
los 10 euros e incluso más.
Las subvenciones de Comunidades Autónomas y entidades locales a organizaciones y
asociaciones ligadas a la iglesia católica, en algunos casos muy radicales e integristas, puede
superar un montante de varios cientos de millones de euros anuales en el conjunto del Estado.
*Este apartado 7, no ha podido ser contabilizado en su totalidad, por su magnitud y dispersión,
figurando sólo una cantidad muy aproximada (400 M€), dentro de la suma que aparece en la
página 1.
8-Desgravación de impuestos: La desgravación fiscal de los donativos a la iglesia católica por
parte de empresas o fieles, parece ser que supuso en 2008, según datos ofrecidos por la propia
Conferencia Episcopal, un 70% más de lo que habían recibido por el IRPF. // Las donaciones a
la Iglesia Católica desgravan un 25% del IRPF (caso de personas físicas), y un 35% del
Impuesto de sociedades (caso de personas jurídicas). Porcentaje que Hacienda devuelve a los
donantes y que supone un extraordinario montante de euros que deja de ingresar el Estado.
*Este apartado 8, no lo hemos contabilizado dentro de la suma que aparece en la
página 1, por imposibilidad de detectarlo)
9-Propiedades universitarias: Varias organizaciones de la iglesia católica son propietarias,
además, de varias universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus; CEU, de la
Asociación de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y
Ávila), y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55
escuelas universitarias y 72 institutos superiores. (*Por este ámbito, como hemos expresado
anteriormente, también reciben donaciones públicas y apoyo económico diverso estatal,
autonómico y municipal, que es muy difícil conocer)
Este apartado 8, no lo hemos contabilizado dentro de la suma que aparece en la página
1, por imposibilidad de conocer su alcance)
10-Registro de patrimonio que no le corresponde: Denunciamos como la iglesia católica
anualmente “agranda su patrimonio” apropiándose de “inmuebles sin dueño”. Gracias a una Ley
(mejorada para la Iglesia en 1998) que permite a la Conferencia Episcopal registrar a su
nombre inmuebles, como templos, cementerios, tierras o casas sacerdotales, viviendas y otros
bienes que, hasta ahora, carecían de títulos de propiedad y que habían sido financiadas por los
ciudadanos, por un ayuntamiento o que no hay herederos conocidos. Por la vía de las inmatriculaciones
las cifras que se barajan pueden ser enormes. (*Ver ANEXO I)
El “poder económico” real de la Iglesia católica en España es prácticamente imposible
calcularlo, dada su peculiar organización, la opacidad con la que funciona y su
dependencia del Vaticano y, ello, aunque se tratara de evaluar la prestación de servicios
voluntarios de fieles seglares, monjas y clérigos, más el dinero recaudado por diversas vías,
para servicios educativos, sociales, sanitarios y de caridad, ya que se nutre de complicados
mecanismos de ingresos privados y de financiaciones públicas, más la propiedad de bienes
y patrimonio de muy variada índole, incluido su patrimonio financiero, como acciones,
fondos de inversión, participación en consejos de administración de diversas empresas y
entidades financieras varias, etc.
Cuando nos acercamos a los 35 años de democracia formal en España y con una
Constitución que, aun en su ambigüedad calculada en esta materia, establece “que
ninguna confesión tendrá carácter estatal”, los hechos, en materia de relaciones del Estado,
con la iglesia católica, en la cuestión económica, no sólo sigue con la misma orientación
que en siglos anteriores, sino que, en términos cuantitativos, se ha acrecentado