“A mi padre le aplicaron la ley de fugas”, dice un testigo en el juicio a Garzón
"Sabemos que está muerto, pero el cadáver no lo hemos recuperado", lamenta
El juicio contra el magistrado Baltasar Garzón por investigar el franquismo ha continuado esta mañana con la declaración de los últimos testigos de la defensa y el inicio de la lectura de la prueba documental propuesta por las partes, ya que el último de los testigos no ha podido comparecer a la hora señalada porque se desplaza en avión desde Santander. El primero de los testigos, Antonio Solsona, de la Asociación de Memoria Histórica de Castellón, ha relatado cómo a su padre le aplicaron la “ley de fugas”.
“El 4 de octubre de 1947, alrededor del mediodía, se presentó el capitán de la Guardia Civil Maximino Cobo y se lo llevaron a él y a un vecino, Salvador Cabrera. No dieron ninguna razón oficial de porqué se los llevaron”, ha manifestado Solsona.
A preguntas del defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, añadió que su padre “no tenía relación con los maquis”, pero les dio de comer en las tres o cuatro ocasiones que fueron por su casa. “Supongo que esa fue la razón. De mi padre sabemos que está muerto, pero el cadáver no lo hemos recuperado. En el atestado pusieron que intentó escaparse”. Sin embargo, Solsona está convencido de que a su padre le aplicaron la ley de fugas.
Emilio Silva Barrera, de la Asociación de la Memoria Histórica que representa a todo el Estado, ha dicho que lleva 8 años buscando desaparecidos porque él es nieto de desaparecido y quiere ayudar a todas esas familias. Encontró la fosa de su abuelo gracias a un amigo de su padre. Su familia pensó que el cadáver estaba en las montañas de Ponferrada pero estaban en el pueblo de Esperanza del Bierzo. Todavía no conocen la identidad de todos los enterrados allí aunque los restos de su abuelo están identificados.
El testigo ha dicho que los asociados, “autodidactas muchos de nosotros”, surgieron porque había una demanda de la gente. “Tenemos un archivo presentado ante Naciones Unidas con más de 12.000 casos de desapariciones en toda España. Utilizamos un protocolo Naciones Unidas para hacer una reclamación de estos casos. De ese protocolo se hacen preguntas básicas. En la mayoría de los casos la gente no sabe que pasó, más allá de que se los llevaron”.
En agosto de 2002, presentaron en Ginebra una denuncia sobre 64 casos de desaparecidos. “No sabíamos cómo hacer, ha sido un proceso de maduración. Cuando abrimos una fosa, hacemos una notificación de que han aparecido restos humanos. En 2002, una juez hizo unas pruebas de ADN. Pero ha sido un proceso de maduración, muchos no se han sentido víctimas y han tenido que pasar una travesía de muchos años, de muchos miedos, muchos años de esfuerzo. Estaban educados para callarse, como ha sido mi caso. Hay que reunir fuerzas para llegar a hacer una denuncia colectiva”, ha manifestado Emilio Silva.
“Queremos que la Justicia actúe”, prosiguió Las exhumaciones ya las llevamos nosotros, son una parte del problema, pero queremos que la justicia actúe como cuando a alguien lo secuestran, lo torturan y aparece con dos tiros en la cabeza.”
Sobre las ayudas económicas que reciben, precisó que cuando hacen una exhumación, presentan un proyecto y la subvención se destina a pagar máquinas y a pagar a las personas que trabajan en un procedimiento de estudios de restos, ADN, archivos, etcétera. “Utilizamos profesionales, médicos forenses, antropólogos, biólogos y lo hacemos con todo el rigor científico que se puede llevar a cabo”.
Coautor del libro Las fosas de Franco, ha dicho haber recibido un par de denuncias por ello, de las cuales una llegó al Supremo, “que falló a nuestro favor”. Después de que Garzón se inhibió de la causa de la Memoria Histórica, “hemos seguido las exhumaciones”, ha añadido, y “estamos personados en Argentina en una causa que se lleva allí”.
El testigo ha manifestado que a raíz de la denuncia que presentaron en Ginebra se reclamó al Gobierno español aplicar una resolución de Naciones Unidas, según la cual, el Estado tenía que hacer lo posible por encontrar esos cuerpos, pero no ha habido respuesta por parte del Gobierno español. Cuando se refiere al Estado, también se refiere “al Poder Judicial, que tiene que hacer lo posible por perseguir esos crímenes”, ha precisado. Tampoco se ha resuelto la queja que presentaron ante el Defensor del Pueblo en 2003.
A preguntas del fiscal, precisó que si su asociación está personada en Argentina, es “porque queremos justicia, y entendemos que las desapariciones pueden ser materia de justicia universal y hemos ido allí por si desde allí se puede obtener esa justicia”. En ese proceso en Argentina se está investigando desde 1936 hasta 1977. “Igual que España ha aplicado la justicia universal, si una juez argentina va a ser la que investigue esos crímenes, nosotros estamos ahí. La juez argentina ha pedido información al Gobierno español a mediados de diciembre y que nosotros sepamos no ha habido respuesta”, concluyó.