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En los últimos años, las compañías españolas han invertido un dineral en América Latina, comprando proveedores de servicios públicos, aerolíneas y otras empresas en subastas del gobierno.
Algunas de esas apuestas, sin embargo, han resultado fallidas en momentos en que gobiernos populistas de Latinoamérica fustigan a los "nuevos conquistadores" y confiscan sus empresas.
El miércoles, la Cámara de Diputados argentina aprobó un proyecto de ley para expropiar dos aerolíneas en manos de Grupo Marsans SA, la mayor compañía de turismo y transporte de España. El gobierno quiere pagarle sólo un 1 peso (US$0,30) por Aerolíneas Argentinas SA y una aerolínea más pequeña, Austral. "El gobierno argentino nos ha perseguido", dice Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans.
Marsans no es la única compañía española perjudicada por el populismo. La petrolera Repsol YPF SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y Banco Santander SA han visto cómo sus activos son nacionalizados o sus contratos violados en Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
La situación—que ha provocado que Santander y otros se trasladen a los países latinoamericanos con perspectivas económicas más prometedoras— pone de relieve un importante giro en la región. No hace mucho, los problemas económicos o políticos en un país de América Latina dañaban los negocios en los países vecinos. Ahora, los inversionistas extranjeros son más astutos y eluden a los países que defienden la intervención estatal y se refugian en otros. Casi el 80% de los US$106.000 millones de inversión extranjera directa en la región en 2007 fue a parar a México, Brasil, Chile y Colombia, países que son más partidarios de la iniciativa privada.
La incursión de España en América Latina simbolizó el retorno del país al escenario global después de décadas de aislamiento bajo el régimen de Francisco Franco. Cuando los países latinoamericanos abrieron sus economías en los años 90, las compañías españolas se abalanzaron sobre las ex empresas estatales. Las empresas españolas han invertido US$165.000 millones en la región, más de una décima parte del Producto Interno Bruto de España.
En los últimos años, sin embargo, una ola de líderes populistas como Hugo Chávez en Venezuela y la familia Kirchner en Argentina han llegado al poder prometiendo revertir las políticas de libre mercado a las que sindican como responsables de la pobreza de América Latina. La Conquista Española de hace 500 años hace que las compañías españolas sean un blanco conveniente. "Echarle la culpa a los extranjeros, o a alguna injusticia del pasado, por tus problemas es una estrategia clásica del populismo", dice Mauricio Pozo, un ex ministro de Economía de Ecuador.
Las empresas españolas tal vez invirtieron demasiados recursos demasiado rápido en las economías latinoamericanas, subestimando el nacionalismo en la región, dice Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica de España. "En algunos países, cuando una persona se levantaba y encendía la luz, era una compañía española. Cuando abrían la llave de agua, levantaban el teléfono, enfilaban por la carretera o iban al banco, era una compañía española la que proveía el servicio. En una época de crisis, la reacción más fácil de parte del gobierno y los ciudadanos era culpar a la compañía española".
Las empresas de España no son las únicas afectadas. El año pasado, la firma estadounidense de telecomunicaciones Verizon Communications Inc. fue forzada a vender su participación de 28,5% en C.A. Nac. Teléfonos de Venezuela (CANTV) al gobierno. Asimismo, los empresarios españoles no han renunciado a invertir en América Latina. Telefónica SA y Santander, siguen invirtiendo mucho en la región, de donde obtienen gran parte de sus ganancias.
El mes pasado, el gobierno argentino nacionalizó US$23.000 millones en fondos de pensiones privados de bancos como BBVA. Chávez estatizó la filial local de Santander. Repsol ha sido obligada a modificar los contratos en Venezuela, Bolivia y Ecuador; en el caso de Bolivia, después de que sus instalaciones de gas natural fueran rodeadas por tropas.
Con dos tercios de su producción global y la mitad de sus reservas energéticas provenientes de Argentina, Repsol es la más expuesta a América Latina. La compañía está tratando de restarle importancia a la percepción de que el gobierno argentino podría expropiar a su ex petrolera estatal, YPF SA, que fue vendida a Repsol hace una década. Repsol ha aislado sus inversiones latinoamericanas en una entidad separada y vendido una parte a un banquero argentino con estrechos lazos con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner.
Aerolíneas Argentinas ha tenido unos años problemáticos. Controlada por el Estado durante gran parte de su historia, la aerolínea fue privatizada en 1990 y pasó a manos de Iberia Líneas Aéreas de España SA.
Las relaciones entre el personal de Aerolíneas Argentinas y los inversionistas españoles siempre fueron inestables y la compañía se declaró en bancarrota a principios de 2001.
Marsans asumió el control de Aerolíneas ese año, prometiendo invertir US$50 millones. En los siguientes cinco años, Aerolíneas mejoró paulatinamente su posición, registrando ganancias por tres años seguidos.
A fines de 2005, no obstante, las relaciones entre Marsans y el personal de Aerolíneas se deterioraron. Los empleados y líderes sindicales acusaron a Marsans de no cumplir sus compromisos financieros. Los partidarios de Marsans acusaron al gobierno argentino de socavar la aerolínea. El gobierno fijó tarifas, respaldó aumentos de sueldo y forzó a la compañía a mantener servicios a destinos no rentables, haciendo difícil que Marsans obtuviera ganancias.
Según Muñoz, el ejecutivo de Marsans, entre 2002 y 2008, los costos del combustible subieron 300%, los salarios más de 200% y los impuestos 500%. Mientras tanto, agregó, el gobierno le permitió aumentar los precios de los boletos en 20%. A fines de 2006, el gobierno se quedó con una participación de 5% en Aerolíneas a cambio de eliminar algunas restricciones operativas. A mediados de 2007, sin embargo, las relaciones con los empleados volvieron a empeorar. Este año, el personal acusó a Marsans de no pagar sueldos y mantener aviones.
En julio, Marsans acordó que el gobierno tomara el control de Aerolíneas, iniciando un período de 60 días de negociaciones de términos. Pero no se llegó a un acuerdo.
Credit Suisse, asesorando a Marsans, valoró la compañía, que incluye a Aerolíneas y Austral, en entre US$330 millones y US$510 millones. El gobierno dijo que la compañía no valía nada, argumentando que tenía US$833 millones en deuda. Muñoz cuenta que nunca le recomendaría a otro empresario invertir en Argentina. "Por ningún motivo. Es insensato".
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