En mi opinión, el conflicto generado en Cataluña jamás debería haber llegado a los tribunales. Debería haberse resuelto por la vía política. Lamentablemente una vez llegados a esta situación, la Justicia se encuentra ante la posible comisión de los delitos de prevaricación y desobediencia.
Nos encontramos además con la imputación que reclama la Fiscalía de imputar a 712 alcaldes de distintas localidades catalanas. Están comprometidos judicialmente por ceder locales de titularidad municipal para la celebración del referéndum. Esta citación que viene acompañada de la advertencia de que vengan acompañados de abogado coca frontalmente con la opinión de distintas agrupaciones jurídicas que comparan la citación masiva, con lo que ocurre en Turquia con el régimen de Erdován. Es preciso recordar también, que el compromiso de cesión de locales lo hicieron antes de que el Tribunal Constitucional suspendiese la consulta del Uno de Octubre. También se ha de tener en cuenta que algunos de estos alcaldes son parlamentarios y que junto a los miembros del Goverm que les han empujado a al acción gozan de inmunidad parlamentaria.
La Constitución refleja taxativamente la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Desde hace años y sin consulta popular previa se prostituyó la Carta Magna al socavar los principios de iualdad de los Tres poderes. EL Ejecutivo primo sobre los demás . En este mismo Foro se ha debatido de como la clase política interviene en la Justicia. Hemos visto como los partidos políticos deponen jueces e intentan utilizar a los fiscales. Hace apenas unos meses, el actual Presidente de Gobierno hubo de recurrir a los tribunales para responder acerca de las actividades fraudulentas de su partido ¿Qué autoridad moral hay?
Para mi, que todo esto es un gran teatro y que nada ocurrirá. Seguiremos mirando hacia donde apunta el dedo olvidándonos de tropelías y corrupciones y Cataluñaira conquistando espacios.