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El Vaticano ordenó a los obispos en Irlanda evitar cualquier denuncia contra los sacerdotes pederastas de ese país.
En 1997, Luciano Storero, representante del Papa Juan Pablo II, pidió a los dirigentes eclesiásticos abstenerse de cooperar con la policía para proceder legalmente contra los purpurados pederastas.
La agencia AP reveló el contenido de la carta. En ella se justifica que el procedimiento judicial “da lugar a graves reservas de carácter tanto moral como canónico”.
Los grupos defensores de las víctimas argumentaron que este documento es la prueba de que el Vaticano mantuvo la política de secrecía en todo el mundo para evitar que salieran a la luz pública los casos de abusos de menores.
Fuente: Proceso.com.mx
La carta de 1997
DUBLIN – Una carta del Vaticano, de 1997, aconsejaba a los obispos católicos irlandeses a que no reportaran a la policía todos los casos sospechosos de abuso infantil-una revelación que los grupos de víctimas describieron como “la prueba irrefutable” que necesitaban para demostrar que la Iglesia impuso una práctica universal de encubrir los crímenes cometidos por sacerdotes pedófilos.
La carta recién revelada (18. Enero de 2011), obtenida por reporteros de RTE (Radio y Televisión de Irlanda) y provista a The Associated Press, documenta el rechazo del Vaticano de una iniciativa de la iglesia irlandesa en 1996 para empezar a ayudar a la policía a identificar sacerdotes pedófilostras la primera ola en Irlanda de demandas reveladas públicamente.
La carta socava las persistentes alegaciones vaticanas, particularmente cuando trata de defenderse a sí misma en demandas en Estados Unidos, de que Roma jamás dio instrucciones a los obispos locales para que no revelaran evidencia o sospechas de crímenes a la policía. La misma, en cambio, hace hincapié en el derecho de la iglesia a manejar todas las alegaciones de abuso infantil y determinar en casa los castigos en vez de dar dicho poder a las autoridades civiles.
El Vaticano insistió temprano ayer en que su respuesta a los obispos irlandeses iba dirigida a asegurar que los sacerdotes culpables no escaparan al castigo y que todos los crímenes canónicos posibles se atendieran también.
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