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Realmente millones de mujeres carecen de acceso a los servicios de salud reproductiva, muchas más tienen poco o ningún control para decidir si se embarazan y poca o ninguna información sobre cómo gestionar un aborto seguro. Como resultado de ello, cada año cerca de 19 millones de mujeres no tienen otra opción más que someterse a un aborto inseguro. Muchas de estas mujeres morirán como resultado de ello y muchas quedarán lesionadas permanentemente, siendo más afectadas las mujeres pobres y jóvenes. Esto último convierte al aborto en un tema de justicia social.
La relación es clara: la región de América latina y el Caribe es la región más inequitativa del mundo, en donde además la incidencia de abortos inseguros es mayor. Se calcula que ocurren cuatro millones de abortos inseguros cada año y estas cifras son mayores para Sudamérica. Alrededor del 70% de los abortos inseguros en nuestra región ocurren entre las mujeres de menos de 30 años , elemento central para analizar y entender algunas de las barreras en el acceso a los servicios.
En la Argentina, estimaciones recientes indican que ocurren 460.000 abortos inducidos por año, y las complicaciones de abortos inseguros representan la primera causa (enteramente prevenible) de muerte materna en el país.
A diferencia de las mujeres que cuentan con los recursos sociales y financieros para acceder a procedimientos seguros practicados por profesionales de salud calificados —muchas veces, su propio médico—, las mujeres pobres y jóvenes se someten a condiciones antihigiénicas a manos de personas poco calificadas, y en caso de complicaciones, a sistemas de salud que las juzgan y las discriminan.
La legislación restrictiva no sólo es injusta porque condena a las mujeres con menos recursos, si no que además vulnera los derechos humanos de las mujeres, al limitar la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos. También es anacrónica porque no responde a la realidad actual de las ciudadanas. Sin embargo, es importante resaltar que este tipo de legislación no evita que las mujeres con embarazos no deseados interrumpan su embarazo, pero sí afecta su capacidad de conseguir un aborto en condiciones de seguridad, que responda a sus necesidades y respete sus derechos, tal como lo han demostrado diferentes estudios.
Los países donde existe pleno acceso a servicios de aborto seguro, en conjunto con políticas públicas integrales que posibilitan el acceso a anticonceptivos y a educación sexual desde una edad temprana, mantienen los niveles más bajos de abortos, mortalidad materna y daños a la salud de la mujer.