Dorogoi
27-may.-2012, 12:04
<<El elogio sincero y desinteresado no rebaja a quien lo otorga ni ofende a quien lo recibe, aun cuando es injusto; puede ser un error, no es una indignidad. La adulación lo es siempre: es desleal e interesada.>>
<<El genio crea instituciones y el bárbaro las viola: los mediocres las respetan, impotentes para forjar o destruir.>>
<<"El hombre excelente –escribió La Bruyére- no puede adular; cree que su presencia importuna en las cortes, como si su virtud o su talento fuesen un reproche a los que gobiernan".>>
Tanto en la sociología como en la ciencia administrativa y, especialmente, la de administración pública, la burocracia es una organización o estructura organizativa caracterizada por procedimientos explícitos y regularizados, división de responsabilidades y especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales.
Un funcionario público es aquel trabajador que desempeña funciones en un organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial.
Habitualmente estos organismos son el Gobierno, el Congreso o Parlamento, los tribunales, la Administración pública y, en general, todos aquellos organismos que no pertenezcan al sector privado.
El “funcionario”, como su nombre nos indica, cumple “funciones” de la burocracia; digamos que la hace funcionar correctamente.
¿Qué significa hacer funcionar la burocracia correctamente? ¿Qué significa ser funcionario público? La respuesta no es halagüeña para ellos.
Los monarcas elegían hombres de mérito, capacidad, experiencia y que le sean fieles a quienes delegarles parte de sus funciones. Obvio que casi todos eran del estrato feudal dado que los cargos màs importantes los vinculaban a la causa del señor.
Cuando crecieron las instituciones de gobierno el funcionalismo creció hasta convertirse en una clase, una rama de la oligarquía dominante.
Para evitar que se convierta en una clase soberbia, con altivez, la reglamentaron y la sometieron a la rutina y le sacaron toda iniciativa. Su vocación de mando se convirtió en sumisión. Cuando llega el sistema parlamentario se la esclaviza en doble sentido: ejecutivo y legislativo. El mérito queda absolutamente excluido.
Al vulgarizarse el oficio de funcionario, se convierten en funcionarios de cualquier función y se creen aptos para todo, como si por su buena intención se cubriera su incompetencia. Encima se creen importantes aun siendo que lo ùnico que se les requiere es que no aporten ninguna originalidad, hagan respetar lo que està escrito y nada de improvisar o pensar por sì mismos; además que sean personas que sobrevivan a la rutina màs exasperante. Salirse de la fila, cualquier originalidad, puede ser castigada con fuerza de ley.
El funzionario es investido de poderes que no debe ejercitar en su personal interés sino en el interés del ente al cual pertenece; se trata de poderes-deberes, o sea potestad.
A menudo, el término funcionario público es usado estrictamente para indicar sólo a los titulares de los órganos burocráticos, o sea, en contraposición a político; esta contraposición no es sólo acerca de la diferente configuración de la relación de servicio, sino también el papel diferente: de hecho, del funcionario (burocrático), a diferencia del político, se espera un comportamiento imparcial, impulsado sólo por consideraciones técnicas y legales, encaminadas a lograr los objetivos fijados por el político. Por otro lado, es evidente que esta contraposición se desvanece considerablemente cuando el nombramiento y el avanzamiento en la carrera del funcionario burocrático son decididos sobre la base de su afiliación política, de acuerdo con la lógica del “spoil system” (clientelismo), y no sobre la base de criterios meritocràticos.
El "funcionarismo" trae aparejado la servilidad y exige el uso de la adulación. Esto es asì desde que hubo poderosos y favoritos. Ese comedimiento por agradar al amo destroza el carácter; son cosas vàlidas socialmente que se emparentan con la “honestidad”, pero jamàs se puede considerar una “virtud”.
No sólo se adula a reyes y poderosos; también se adula al pueblo. Hay miserables afanes de popularidad, más denigrantes que el servilismo. Para obtener el favor cuantitativo de las turbas, puede mentírseles bajas alabanzas disfrazadas de ideal; más cobardes porque se dirigen a plebes que no saben descubrir el embuste. Halagar a los ignorantes y merecer su aplauso, hablándoles sin cesar de sus derechos, jamás de sus deberes, es el postrer renunciamiento a la propia dignidad.
En las democràcias modernas muchos de ellos se otorgan premios y sustanciosos salarios a ellos mismos por su exuberante mentalidad de servidor público. Como si el país fuera adelante por su labor y el Estado continuara por sus méritos. Escuchan los aplausos de esa parte de la población que lograron engañar, de esas turbas que le aportan su valor cuantitativo como escribiò Ingenieros.
A los funcionarios privados se les exige lo mismo pero con una preparación superior y el mérito comienza a destacar uno de otro: la rutina es la misma.
El funcionario público que dirige una unidad organizativa también desempeña funciones de dirección, teniendo que utilizar los recursos que han sido asignados y, sobre todo, los recursos humanos, para lograr los objetivos. De hecho, los funcionarios de la burocracia son tradizionalmente reacios, al menos en algunos países, de verse a sí mismos en el papel de gerente, prefiriendo hacer hincapié en su papel de ejecutores de la ley y de garante de la legalidad de la acción administrativa.
Algunas de las ideas recientes, que van bajo el nombre de “new public management” (nueva gestión pública), tienden a superar esta idea, señalando que la legalidad, más que una meta, debe ser entendida como un vínculo de la administración, a la que los funcionarios deben respetar en la consecución de los objetivos asignados a ellos. En este contexto, el trabajo de cada funcionario deberá ser evaluado no sólo desde el punto de la legalidad, sino también de la eficiencia y eficacia, no diferente de los directivos de las organizaciones privadas, allanando así el camino para la introducción, incluso en organizaciones públicas, de sistemas de planificación y control de gestión. A esta filosofía se inspiraron también reformas, como las implementadas en Italia en los años 90 del siglo XX, destinadas a unir una categoría específica de funcionarios públicos, dotándolos de mayor autonomía de decisión pero sometiéndolos, al mismo tiempo, a una responsabilidad más fuerte referida también, y especialmente, a los resultados de la actividad.
<<El genio crea instituciones y el bárbaro las viola: los mediocres las respetan, impotentes para forjar o destruir.>>
<<"El hombre excelente –escribió La Bruyére- no puede adular; cree que su presencia importuna en las cortes, como si su virtud o su talento fuesen un reproche a los que gobiernan".>>
Tanto en la sociología como en la ciencia administrativa y, especialmente, la de administración pública, la burocracia es una organización o estructura organizativa caracterizada por procedimientos explícitos y regularizados, división de responsabilidades y especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales.
Un funcionario público es aquel trabajador que desempeña funciones en un organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial.
Habitualmente estos organismos son el Gobierno, el Congreso o Parlamento, los tribunales, la Administración pública y, en general, todos aquellos organismos que no pertenezcan al sector privado.
El “funcionario”, como su nombre nos indica, cumple “funciones” de la burocracia; digamos que la hace funcionar correctamente.
¿Qué significa hacer funcionar la burocracia correctamente? ¿Qué significa ser funcionario público? La respuesta no es halagüeña para ellos.
Los monarcas elegían hombres de mérito, capacidad, experiencia y que le sean fieles a quienes delegarles parte de sus funciones. Obvio que casi todos eran del estrato feudal dado que los cargos màs importantes los vinculaban a la causa del señor.
Cuando crecieron las instituciones de gobierno el funcionalismo creció hasta convertirse en una clase, una rama de la oligarquía dominante.
Para evitar que se convierta en una clase soberbia, con altivez, la reglamentaron y la sometieron a la rutina y le sacaron toda iniciativa. Su vocación de mando se convirtió en sumisión. Cuando llega el sistema parlamentario se la esclaviza en doble sentido: ejecutivo y legislativo. El mérito queda absolutamente excluido.
Al vulgarizarse el oficio de funcionario, se convierten en funcionarios de cualquier función y se creen aptos para todo, como si por su buena intención se cubriera su incompetencia. Encima se creen importantes aun siendo que lo ùnico que se les requiere es que no aporten ninguna originalidad, hagan respetar lo que està escrito y nada de improvisar o pensar por sì mismos; además que sean personas que sobrevivan a la rutina màs exasperante. Salirse de la fila, cualquier originalidad, puede ser castigada con fuerza de ley.
El funzionario es investido de poderes que no debe ejercitar en su personal interés sino en el interés del ente al cual pertenece; se trata de poderes-deberes, o sea potestad.
A menudo, el término funcionario público es usado estrictamente para indicar sólo a los titulares de los órganos burocráticos, o sea, en contraposición a político; esta contraposición no es sólo acerca de la diferente configuración de la relación de servicio, sino también el papel diferente: de hecho, del funcionario (burocrático), a diferencia del político, se espera un comportamiento imparcial, impulsado sólo por consideraciones técnicas y legales, encaminadas a lograr los objetivos fijados por el político. Por otro lado, es evidente que esta contraposición se desvanece considerablemente cuando el nombramiento y el avanzamiento en la carrera del funcionario burocrático son decididos sobre la base de su afiliación política, de acuerdo con la lógica del “spoil system” (clientelismo), y no sobre la base de criterios meritocràticos.
El "funcionarismo" trae aparejado la servilidad y exige el uso de la adulación. Esto es asì desde que hubo poderosos y favoritos. Ese comedimiento por agradar al amo destroza el carácter; son cosas vàlidas socialmente que se emparentan con la “honestidad”, pero jamàs se puede considerar una “virtud”.
No sólo se adula a reyes y poderosos; también se adula al pueblo. Hay miserables afanes de popularidad, más denigrantes que el servilismo. Para obtener el favor cuantitativo de las turbas, puede mentírseles bajas alabanzas disfrazadas de ideal; más cobardes porque se dirigen a plebes que no saben descubrir el embuste. Halagar a los ignorantes y merecer su aplauso, hablándoles sin cesar de sus derechos, jamás de sus deberes, es el postrer renunciamiento a la propia dignidad.
En las democràcias modernas muchos de ellos se otorgan premios y sustanciosos salarios a ellos mismos por su exuberante mentalidad de servidor público. Como si el país fuera adelante por su labor y el Estado continuara por sus méritos. Escuchan los aplausos de esa parte de la población que lograron engañar, de esas turbas que le aportan su valor cuantitativo como escribiò Ingenieros.
A los funcionarios privados se les exige lo mismo pero con una preparación superior y el mérito comienza a destacar uno de otro: la rutina es la misma.
El funcionario público que dirige una unidad organizativa también desempeña funciones de dirección, teniendo que utilizar los recursos que han sido asignados y, sobre todo, los recursos humanos, para lograr los objetivos. De hecho, los funcionarios de la burocracia son tradizionalmente reacios, al menos en algunos países, de verse a sí mismos en el papel de gerente, prefiriendo hacer hincapié en su papel de ejecutores de la ley y de garante de la legalidad de la acción administrativa.
Algunas de las ideas recientes, que van bajo el nombre de “new public management” (nueva gestión pública), tienden a superar esta idea, señalando que la legalidad, más que una meta, debe ser entendida como un vínculo de la administración, a la que los funcionarios deben respetar en la consecución de los objetivos asignados a ellos. En este contexto, el trabajo de cada funcionario deberá ser evaluado no sólo desde el punto de la legalidad, sino también de la eficiencia y eficacia, no diferente de los directivos de las organizaciones privadas, allanando así el camino para la introducción, incluso en organizaciones públicas, de sistemas de planificación y control de gestión. A esta filosofía se inspiraron también reformas, como las implementadas en Italia en los años 90 del siglo XX, destinadas a unir una categoría específica de funcionarios públicos, dotándolos de mayor autonomía de decisión pero sometiéndolos, al mismo tiempo, a una responsabilidad más fuerte referida también, y especialmente, a los resultados de la actividad.