“A los cadáveres se les echaba cal viva y se les juntaba como si fueran arenques”
El último testigo del juicio relata los fusilamientos de la tapia del cementerio de Ciriego (Cantabria)
El juicio contra el magistrado Baltasar Garzón por investigar el franquismo ha continuado con las terribles historias de los familiares de represaliados. Tras suspender la vista media hora para dar tiempo a que llegase el último testigo de la defensa de Garzón, el juicio ha continuado con la declaración de Antonio Ontañón Toca, presidente de la asociación cántabra Héroes de la República y la Libertad. El testigo es autor del libro Rescatados del olvido, en el que ha plasmado una investigación de 30 años, desde el verano de 1937 a 1948, “que es cuando más se pone de manifiesto la represión franquista en Santander”, ha dicho.
Afirma en el libro que a todas las víctimas se las trata domo “desconocidas”. “Yo a la conclusión a la que llego es que había una consigna que venía a decir que de los rojos no quedara ni rastro. En aplicación de esta, lo que se hacía en la tapia oeste del cementerio de Ciriego era la ejecución y la desaparición. Era la muerte física y la desaparición jurídica”, ha afirmado.
Una vez celebrados los consejos sumarísimos urgentes y dictadas las condenas, según el testigo, quedaba la ejecución pendiente. A la fecha señalada, se personaba en la prisión el jefe del piquete a las seis de la mañana, una hora antes de los fusilamientos, y el director le entregaba el número de presos a ejecutar. La media era entre 13 y 16. "Esa era precisamente la cabida de cada camión, aunque hubo días de 42 ejecuciones”, ha relatado Ontañón.
“A partir de agosto de 1937, el capellán castrense del cementerio de Ciriego y encargado del registro general, seguía la consigna de que había que desaparecerlos. De modo que, a final de cada mes, consignaba el número de ejecutados y la fosa a que eran arrojados". Según el relato del investigador, las fosas comunes en el cementerio eran zanjas cavadas para 100 ejecutados. "A los cadáveres se les acaldaba (se les echaba cal viva) como a los arenques para que hubiera cabida suficiente. Se echaban paletadas de cal viva, capa a capa, así hasta que se cubría a unos cien por zanja. Como mínimo hay 12 zanjas con 100 cadáveres en cada una. A todos ellos se les desconocía. No hay constancia escrita de los nombres de todos porque lo previsto era ejecutarlos y desaparecerlos”, ha concluido Ontañón.
Preguntado por qué presentaron la denuncia en la Audiencia Nacional, el testigo ha contestado: “Nos enteramos por la prensa de las desapariciones que se habían denunciado en la Audiencia Nacional. Nos faltó tiempo para personarnos en las actuaciones. Tenemos conocimiento de que son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Queremos adherirnos para que esto se investigue”.
Antes habían intentado una denuncia en un juzgado de Torrelavega, pero no les hicieron caso. Ontañón explicó después que en Cantabria solo han podido hacer identificaciones de campo. “Pero tenemos”, ha dicho, “un compromiso moral y ético con los desaparecidos para investigar hasta donde sea humanamente posible para encontrarlos y, si es posible, devolvérselos a las familias”. Según los primeros cálculos, hay unos 2.500 desaparecidos en Cantabria.
El primero de los testigos de hoy ha sido Antonio Solsona, de la Asociación de Memoria Histórica de Castellón, quien ha relatado cómo a su padre le aplicaron la “ley de fugas”.
“El 4 de octubre de 1947, alrededor del mediodía, se presentó el capitán de la Guardia Civil Maximino Cobo y se lo llevaron a él y a un vecino, Salvador Cabrera. No dieron ninguna razón oficial de porqué se los llevaron”, ha manifestado Solsona.
A preguntas del defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, añadió que su padre “no tenía relación con los maquis”, pero les dio de comer en las tres o cuatro ocasiones que fueron por su casa. “Supongo que esa fue la razón. De mi padre sabemos que está muerto, pero el cadáver no lo hemos recuperado. En el atestado pusieron que intentó escaparse”. Sin embargo, Solsona está convencido de que a su padre le aplicaron la ley de fugas.
Emilio Silva Barrera, de la Asociación de la Memoria Histórica que representa a todo el Estado, ha dicho que lleva 8 años buscando desaparecidos porque él es nieto de desaparecido y quiere ayudar a todas esas familias. Encontró la fosa de su abuelo gracias a un amigo de su padre. Su familia pensó que el cadáver estaba en las montañas de Ponferrada pero estaban en el pueblo de Esperanza del Bierzo. Todavía no conocen la identidad de todos los enterrados allí aunque los restos de su abuelo están identificados.
El testigo ha dicho que los asociados, “autodidactas muchos de nosotros”, surgieron porque había una demanda de la gente. “Tenemos un archivo presentado ante Naciones Unidas con más de 12.000 casos de desapariciones en toda España. Utilizamos un protocolo Naciones Unidas para hacer una reclamación de estos casos. De ese protocolo se hacen preguntas básicas. En la mayoría de los casos la gente no sabe que pasó, más allá de que se los llevaron”.
En agosto de 2002, presentaron en Ginebra una denuncia sobre 64 casos de desaparecidos. “No sabíamos cómo hacer, ha sido un proceso de maduración. Cuando abrimos una fosa, hacemos una notificación de que han aparecido restos humanos. En 2002, una juez hizo unas pruebas de ADN. Pero ha sido un proceso de maduración, muchos no se han sentido víctimas y han tenido que pasar una travesía de muchos años, de muchos miedos, muchos años de esfuerzo. Estaban educados para callarse, como ha sido mi caso. Hay que reunir fuerzas para llegar a hacer una denuncia colectiva”, ha manifestado Emilio Silva.
“Queremos que la Justicia actúe”, prosiguió Las exhumaciones ya las llevamos nosotros, son una parte del problema, pero queremos que la justicia actúe como cuando a alguien lo secuestran, lo torturan y aparece con dos tiros en la cabeza.”
Sobre las ayudas económicas que reciben, precisó que cuando hacen una exhumación, presentan un proyecto y la subvención se destina a pagar máquinas y a pagar a las personas que trabajan en un procedimiento de estudios de restos, ADN, archivos, etcétera. “Utilizamos profesionales, médicos forenses, antropólogos, biólogos y lo hacemos con todo el rigor científico que se puede llevar a cabo”.
Coautor del libro Las fosas de Franco, ha dicho haber recibido un par de denuncias por ello, de las cuales una llegó al Supremo, “que falló a nuestro favor”. Después de que Garzón se inhibió de la causa de la Memoria Histórica, “hemos seguido las exhumaciones”, ha añadido, y “estamos personados en Argentina en una causa que se lleva allí”.
El testigo ha manifestado que a raíz de la denuncia que presentaron en Ginebra se reclamó al Gobierno español aplicar una resolución de Naciones Unidas, según la cual, el Estado tenía que hacer lo posible por encontrar esos cuerpos, pero no ha habido respuesta por parte del Gobierno español. Cuando se refiere al Estado, también se refiere “al Poder Judicial, que tiene que hacer lo posible por perseguir esos crímenes”, ha precisado. Tampoco se ha resuelto la queja que presentaron ante el Defensor del Pueblo en 2003.
A preguntas del fiscal, precisó que si su asociación está personada en Argentina, es “porque queremos justicia, y entendemos que las desapariciones pueden ser materia de justicia universal y hemos ido allí por si desde allí se puede obtener esa justicia”. En ese proceso en Argentina se está investigando desde 1936 hasta 1977. “Igual que España ha aplicado la justicia universal, si una juez argentina va a ser la que investigue esos crímenes, nosotros estamos ahí. La juez argentina ha pedido información al Gobierno español a mediados de diciembre y que nosotros sepamos no ha habido respuesta”, concluyó.
Prueba documental
Previamente, dentro de la fase de prueba documental, se ha dado lectura al auto por el que Garzón rechazó investigar una querella contra Santiago Carrillo en la que se le consideraba supuesto responsable de los fusilamientos de Paracuellos del Jarama.
El propio Garzón explicó en su interrogatorio, el pasado día 31, que rechazó esa querella porque en ese asunto no había nada que se refiriese a un delito contra altos organismos de la nación. En cambio, en el caso del franquismo, la querella contemplaba un “plan sistemático” para eliminar a dirigentes de la Segunda República legítimamente elegidos. Por tanto, Garzón rechazó ser competente porque se trataba de crímenes que debían ser investigados por el juzgado del lugar en que fueron cometidos. “Se puede aceptar o no, pero está perfectamente explicado y razonado”, dijo entonces Garzón.
A propuesta del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se ha dado lectura al voto particular de tres magistrados de la Audiencia Nacional que respaldaron la investigación de Garzón y disintieron de la opinión del Pleno de la Audiencia, que ordenó el archivo de la causa.
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