Esa práctica es antijurídica y, por tanto, improcedente. Aunque en el contrato se pactare tal clausula, su antijuridicidad la invalidaría. En algunos casos podría invalidarse el contrato en su totalidad.
Lo que comentas sobre comprar a los sindicatos a fin de simular huelgas, constituye un delito: fraude. Un proceso penal derivado de la denuncia por delito en contra de la parte obligada, también suspende sus obligaciones contractuales.
Si lo toleran, es porque económicamente, pese a todo, sigue convinéndoles.