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El funcionario público que dirige una unidad organizativa también desempeña funciones de dirección, teniendo que utilizar los recursos que han sido asignados y, sobre todo, los recursos humanos, para lograr los objetivos. De hecho, los funcionarios de la burocracia son tradizionalmente reacios, al menos en algunos países, de verse a sí mismos en el papel de gerente, prefiriendo hacer hincapié en su papel de ejecutores de la ley y de garante de la legalidad de la acción administrativa.
Algunas de las ideas recientes, que van bajo el nombre de “new public management” (nueva gestión pública), tienden a superar esta idea, señalando que la legalidad, más que una meta, debe ser entendida como un vínculo de la administración, a la que los funcionarios deben respetar en la consecución de los objetivos asignados a ellos. En este contexto, el trabajo de cada funcionario deberá ser evaluado no sólo desde el punto de la legalidad, sino también de la eficiencia y eficacia, no diferente de los directivos de las organizaciones privadas, allanando así el camino para la introducción, incluso en organizaciones públicas, de sistemas de planificación y control de gestión. A esta filosofía se inspiraron también reformas, como las implementadas en Italia en los años 90 del siglo XX, destinadas a unir una categoría específica de funcionarios públicos, dotándolos de mayor autonomía de decisión pero sometiéndolos, al mismo tiempo, a una responsabilidad más fuerte referida también, y especialmente, a los resultados de la actividad.
